SE TERMINA EL SAQUEO DE LA PARTIDA SECRETA DE LOS PRESIDENTES DE MÉXICO… DESAPARECE ESTE ROBO

8 de mayo del año en curso. – Fue durante la sesión permanente del Congreso de la Unión donde se dio a conocer que 17 de 32 congresos de los Estados de la República mexicana avalaron la reforma constitucional al artículo 74, en su fracción cuarta, para eliminar las partidas secretas, el cual era uno de los mayores abusos de los gobiernos de la República.

Uno de los principales impulsores a esta reforma fue el senador Martí Batres, quien señaló que este hecho es un momento histórico para el país y los mexicanos.

«SE TRATA DE UNA REFORMA HISTÓRICA, LA PARTIDA SECRETA, LLAMADA TAMBIÉN LA PARTIDA SECRETA DEL PRESIDENTE FORMÓ PARTE DE LOS DIVERSOS PRESUPUESTOS DE LA FEDERACIÓN, CON ALTAS Y BAJAS ENTRE EL AÑO DE 1918 Y 1998, ES DECIR DURANTE 80 AÑOS. Y FORMÓ PARTE DE LA CONSTITUCIÓN DESDE LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN 1917 HASTA ESTE AÑO DE 2021, ES DECIR POR MÁS DE 100 AÑOS», SEÑALÓ EL SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA.

Los congresos encargados de dar paso a este gran hecho fueron Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Durango, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Para entender la gravedad de lo que significó tener este recurso hay que retomar lo ocurrido con Carlos Salinas de Gortari y la resolución en 2013 del juez federal Carlos López Cruz, quien señaló que los fondos de la partida secreta de la Presidencia fueron desviados sistemáticamente en su sexenio.

En dicho documento se estipula que de los 2 mil 700 millones de pesos asignados a esta partida entre 1990 y 1994, 2 mil 218 millones fueron transferidos ilegalmente a una cuenta en Banco Mexicano Somex.

“Se puede sostener con plena certeza que el recurso del erario federal que la Tesorería de la Federación entregó a Ernesto Sentíes Hoyos, en su carácter de Director General de Administración de la Presidencia de la República, se distrajo del objeto para el cual fue asignado, porque no fue aplicado para cubrir bienes y servicios de interés general para el país, inherentes a la función de la Presidencia”, dice la sentencia del juez.